Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, incluidos California, Nueva York y Illinois, presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por vincular cientos de millones de dólares destinados a programas de ayuda a víctimas de delitos con la obligación de cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio.

Los demandantes sostienen que las disposiciones del Departamento de Justicia, que buscan congelar recursos a las jurisdicciones que rechacen colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, exceden la autoridad constitucional y administrativa del gobierno federal.

La acción legal se da en medio de la fuerte política antimigrante de la Casa Blanca, que incluye revisiones de redes sociales para solicitantes de residencia, medidas de endurecimiento fronterizo y presiones sobre gobiernos locales para cumplir con disposiciones migratorias.