Morelos requiere de aproximadamente 430 millones de pesos para la implementación de los juicios orales familiares que entrarán en vigor en 2027, tal como lo establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se expidió el 07 de junio en el Diario Oficial de la Federación, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea.

Subrayó que estos recursos económicos permitirán adquirir infraestructura, capacitar al personal y designar jueces especializados, ya que es un cambio radical en materia familiar.

“Se llevó a cabo la primera sesión del arranque de la implementación del nuevo sistema de oralidad civil y familiar en la República Mexicana. Conatrib decidió ya empezar con esos trabajos, ayer fue la presentación y tenemos hasta el primero de abril del 2027 para implementar la oralidad familiar en el Estado de Morelos, nosotros presentamos también a la Cámara de Senadores y de Diputados un análisis presupuestal de cuánto costaría en el Estado de Morelos establecer la oralidad familiar y son aproximadamente 430 millones de pesos divididos en todo ese periodo de tiempo“

Luis Jorge Gamboa, Presidente Tribunal Superior de Justicia

Recordó que cuando se pusieron en marcha los juicios orales en el ámbito penal se otorgó el presupuesto desde la federación para llevarlo a cabo, no obstante, en esta ocasión no fue así.

“La diferencia que tenemos ahora es que en aquellos entonces la vacatio legis o la duración de la implementación se determinó que cada estado de la República recibiría un recurso de la federación para poderlo implementar, esta vez no fue así, se dijo que cada estado (en los transitorios) cada estado se organiza y cada estado lo va a implementar, entonces, nosotros tendremos hacer la gestión para iniciar con el arranque de la implementación de la oralidad familiar“

Luis Jorge Gamboa, Presidente Tribunal Superior de Justicia

El magistrado presidente mencionó que es un tema que ya se abordó en la primera sesión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) donde se coincidió en que es necesario gestionar presupuesto para poner en marcha los juicios orales familiares.