El presidente Javier Milei anunció una reforma migratoria que ya genera polémica en Argentina. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno busca facilitar la deportación de personas con antecedentes penales, limitar el acceso gratuito a la salud pública para migrantes y endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el nuevo régimen pretende “poner orden” y evitar que “el sistema sea aprovechado por personas que no vienen al país con intenciones honradas”. Además, acusó a gestiones anteriores de promover un modelo migratorio descontrolado.

El anuncio llega en la recta final de la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo busca ganarle terreno al histórico Partido Revolucionario Obrero.

Organizaciones de derechos humanos, como el CELS, advirtieron sobre la dificultad para cuantificar la cantidad real de migrantes en situación irregular y recordaron que más de un millón de personas lograron regularizar su estatus en las últimas dos décadas.

El cambio también impacta en el acceso a la salud pública: quienes no tengan residencia definitiva deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos, algo que ya ocurre en varias provincias.

La reforma, que entrará en vigencia tras su publicación oficial.