La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que cerca de 300 migrantes venezolanos y salvadoreños deportados por Estados Unidos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin juicio, abogado ni contacto con sus familias, muchos simplemente desaparecieron del radar.

El expresidente Donald Trump utilizó una ley antigua de 1798 para expulsar a presuntos miembros de pandillas, entre ellos integrantes del Tren de Aragua y la MS-13. Fueron enviados al Cecot, una enorme cárcel salvadoreña para pandilleros, a cambio de un acuerdo económico con El Salvador.

La ONU denuncia que los deportados no supieron a dónde serían enviados, no tuvieron defensa legal y no pudieron apelar su expulsión.

Un juez en Texas ya declaró ilegal el uso de esa ley para estas expulsiones. Mientras tanto, la Corte Suprema ha suspendido algunas deportaciones por falta de garantías legales.

Porque los derechos humanos aplican para todos, sin importar el país o estatus migratorio. De acuerdo a especialistas esta situación expone la vulnerabilidad de miles de personas y la importancia del debido proceso y la transparencia.