Texas se prepara para intensificar su política antimigrante con la Ley Senatorial 8 (SB-8), una iniciativa que obliga a la mayoría de los alguaciles del estado a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas.

Esta nueva ley, impulsada por legisladores republicanos y actualmente en manos del gobernador Greg Abbott para su firma, exige que 234 de los 254 condados firmen acuerdos con ICE, aumentando así la vigilancia migratoria a nivel local.

¿Qué implica esta ley?, los alguaciles podrán actuar como agentes migratorios, departamentos carcelarios deberán firmar convenios con ICE, personas detenidas podrán ser cuestionadas por su estatus migratorio, incluso si no están involucradas en delitos graves.

Organizaciones criticaron la medida, señalando que no mejora la seguridad, fomenta la discriminación racial, y pone en riesgo a víctimas y testigos de delitos, quienes podrían dejar de colaborar por miedo a ser deportados.