Este jueves, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rotundo desacuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos (EEUU), que desestimó una demanda clave contra fabricantes de armas estadounidenses.

La demanda, interpuesta por México en 2021, buscaba responsabilizar a estas empresas por el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, lo cual según el gobierno ha alimentado la violencia en el país. Sin embargo, el máximo tribunal de EE.UU. resolvió que los fabricantes están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) y que no se demostró su participación directa en el tráfico ilícito.

A pesar del revés, la SRE subrayó que aún quedan recursos legales y diplomáticos por explorar, y que la Corte no se pronunció sobre todos los argumentos del caso, como el daño causado en México por el uso de estas armas.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el proceso judicial no ha terminado. México mantiene otra demanda, presentada en 2022 contra tiendas distribuidoras de armas en Arizona, que sigue en curso.

Este litigio no solo ha sido legal, sino también político: ha puesto el tráfico de armas en la mira internacional y abre discusiones en espacios como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.