Un juez federal en Rhode Island detuvo una iniciativa clave de la administración del presidente Donald Trump, que buscaba condicionar miles de millones de dólares en fondos de transporte a la cooperación de 20 estados con políticas migratorias federales.

El magistrado John McConnell dictaminó que el Departamento de Transporte carece de autoridad para imponer requisitos migratorios a cambio de financiamiento federal para infraestructura, como carreteras y puentes.

La orden preliminar prohíbe aplicar esta medida en los estados demandantes, todos con gobiernos demócratas, que acusaron al gobierno de usar los recursos como presión política.

La demanda fue presentada luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, notificara a los estados el 24 de abril que podrían perder fondos si no cooperaban con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha intensificado su ofensiva contra las llamadas “ciudades santuario”, firmando órdenes ejecutivas para recortar apoyos federales a jurisdicciones que limitan la colaboración con ICE.