La crisis política en Costa Rica entró en una fase crítica tras las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien calificó a la Corte Suprema de Justicia como una “vergüenza nacional” y la acusó de actuar con motivaciones políticas.

El estallido institucional se produjo luego de que el máximo tribunal solicitara formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial para que Chaves pueda ser procesado por presuntos delitos de conmoción y financiamiento ilícito de campaña.

La acusación se centra en un contrato por 32 mil dólares con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que supuestamente se usaron para pagar de forma irregular a un asesor de comunicación, a través de una estructura paralela.

El presidente negó categóricamente las imputaciones, pero fue más allá al poner en duda la independencia del Poder Judicial, en un discurso que ha encendido alarmas sobre la tensión entre poderes del Estado. “Es una vergüenza nacional lo que están haciendo los magistrados”, declaró.

La Corte también pidió el desafuero del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, involucrado en la misma investigación.

La Asamblea Legislativa deberá ahora decidir si autoriza el proceso judicial contra el mandatario, en un contexto de polarización política creciente que pone a prueba la estabilidad democrática del país.