La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este jueves una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone una reforma constitucional para combatir de manera eficaz el delito de extorsión, considerado ya de alto impacto a nivel nacional.

La propuesta, turnada de inmediato a la Cámara de Diputados, busca facultar al Congreso para expedir una ley general que homologue el tipo penal y las sanciones aplicables en todo el país. Actualmente, la disparidad en las penas entre estados ha dificultado una respuesta efectiva frente a este ilícito.

“La extorsión no es una conducta menor; afecta patrimonio, salud emocional y la seguridad colectiva”, se advierte en el documento presidencial, que subraya además el uso sistemático de esta práctica por parte del crimen organizado para generar ingresos y ejercer control sobre instituciones y mercados.

La iniciativa alerta sobre un incremento del 57.6% en este delito en los últimos seis años: de 18.89 amenazas diarias en 2018 a 29.77 en enero de 2025. Tan solo el Estado de México concentró el 33.1% de las víctimas en el primer mes del año.

El Congreso tendría 180 días, una vez aprobada la reforma, para emitir la legislación secundaria que refuerce la coordinación entre los tres niveles de gobierno y fortalezca las capacidades institucionales frente a este flagelo.