Miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev para exigir al presidente Volodymyr Zelenskyy que vete una controvertida ley que, según organizaciones civiles y agencias internacionales, amenaza la independencia de los principales organismos anticorrupción del país.

La protesta, la más numerosa contra el gobierno desde el inicio de la invasión rusa en 2022, fue detonada por la reciente aprobación parlamentaria de una norma que otorga mayores competencias al fiscal general sobre los casos manejados por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). A pesar de la presión ciudadana, Zelenskyy promulgó la ley el mismo día, según el sitio oficial del parlamento.

La indignación se centra en que este cambio legislativo podría debilitar los esfuerzos de transparencia, un punto clave para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la continuidad del financiamiento occidental. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, calificó la decisión como un “grave retroceso” para el Estado de derecho en el país.

Organizaciones como Transparencia Internacional Ucrania denunciaron que la ley socava reformas fundamentales impulsadas tras la Revolución de la Dignidad en 2014, y advirtieron que Zelenskyy asumiría la responsabilidad directa por el “desmantelamiento de la infraestructura anticorrupción”.