La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una controvertida ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000. La medida, impulsada por bancadas conservadoras en el Congreso, ha generado una fuerte ola de críticas dentro y fuera del país.

Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que la norma busca “reconocer a los militares y autodefensas que participaron en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia”. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, sostienen que la disposición abre la puerta a la impunidad por delitos de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que esta amnistía contradice los compromisos internacionales asumidos por Perú y vulnera el derecho a la justicia de miles de víctimas del conflicto, el cual dejó más de 69 mil muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Mientras el Ejecutivo la presenta como un acto de “reconciliación nacional”, sus detractores anuncian acciones legales y protestas para impedir que los responsables de graves crímenes queden sin sanción.