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La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que se propone una reforma a la Ley de Amparo para hacer que este mecanismo de protección legal sea más rápido y sencillo, y evitar que se use de manera indebida, especialmente en casos de impuestos o créditos fiscales.
Godoy explicó que, con esta reforma, solo se podrá recurrir la decisión final de un proceso de cobro, lo que permitirá al Estado cobrar impuestos y otras obligaciones sin que los casos se prolonguen por años. Al mismo tiempo, los ciudadanos seguirán teniendo derecho a defenderse. Para pedir una suspensión temporal del cobro, quienes deban dinero deberán presentar garantías fuertes, como depósitos o cartas de crédito de bancos.
La iniciativa también plantea un juicio de amparo digital, que será completamente válido y práctico, con plazos claros para presentar demandas. Esto busca que la justicia sea más rápida, moderna y eficiente, sin quitar derechos fundamentales.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, recordó que antes el amparo se había usado de manera incorrecta, permitiendo que negocios ilegales siguieran operando, que se retrasara el pago de pensiones y que se liberaran cuentas bloqueadas por delitos financieros, afectando la recuperación de recursos y la lucha contra el lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ahora será el Senado quien decida si la iniciativa se discute con participación ciudadana en un parlamento abierto.

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