Madagascar atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más graves en la última década, con protestas diarias lideradas por jóvenes del movimiento Gen Z Madagascar, que exigen mejoras urgentes en el acceso a agua y electricidad, así como mayor transparencia gubernamental.

En un mensaje televisado, el presidente Andry Rajoelina aseguró que su gobierno fue blanco de un intento de golpe de Estado con apoyo extranjero, y denunció incluso ciberataques dirigidos desde fuera del país.

La declaración ocurre en paralelo a la destitución del primer ministro Christian Ntsay y de todo su gabinete, medida que no detuvo las movilizaciones.

De acuerdo con la ONU, al menos 22 personas han muerto y varios cientos resultaron heridas desde el inicio de las protestas el pasado 25 de septiembre, aunque el Ejecutivo rechazó esas cifras. Las manifestaciones se han extendido a varias ciudades, mientras la capital permanece bajo fuerte presencia policial y con restricciones a la circulación.

El movimiento opositor juvenil otorgó un plazo de 24 horas al mandatario para atender sus demandas, que incluyen la renuncia presidencial, elecciones limpias y la investigación de la represión policial.

Madagascar, donde el 75% de la población vive en pobreza y el ingreso anual promedio es de apenas 545 dólares por persona, se ubica entre los países más empobrecidos del mundo, pese a sus abundantes recursos naturales.