El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, aseguró que existe una campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo, en la que, según señaló, estarían involucrados empleados del Poder Judicial, abogados de deudores fiscales y algunos jueces o magistrados que se vieron afectados por la reforma judicial.

Durante su participación en la conferencia matutina, Zaldívar explicó que algunos críticos intentan hacer creer que la reforma es retroactiva o regresiva, cuando en realidad busca agilizar los juicios de amparo, hacerlos más claros y corregir excesos, especialmente en el cobro de créditos fiscales que, en algunos casos, tardaron años en resolverse, generando un daño colectivo.

“No se puede engañar a la gente diciendo que es retroactivo algo que no lo es”, subrayó Zaldívar, y aclaró que todas las etapas de los juicios de amparo ya concluidas; como la admisión de la demanda, la suspensión o la resolución de recursos, no se pueden tocar. Solo las etapas futuras se regirán por las reformas a la ley, garantizando que no se afecten los derechos de los justiciables.

El coordinador explicó que con la reforma ahora será posible evitar que el amparo se utilice para fines ilícitos, como proteger a personas dedicadas al lavado de dinero o que forman parte de la delincuencia organizada. También destacó que se limitan los abusos de suspensiones que dificultaban el cobro de créditos fiscales y la lucha contra delitos financieros.

Señaló que los opositores “se dedican a descalificar y mienten deliberadamente”. Incluso mencionó a un magistrado que, según dijo, otorgó suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y causando daños al país.

Finalmente, aseguró que los particulares podrán hacer valer todas sus defensas al final del procedimiento: si la autoridad incurre en un error, se otorgará el amparo; de lo contrario, deberán pagar, pero el proceso será mucho más expedito y eficiente, acortando años de litigio y reduciendo el daño a la sociedad.