El Gobierno ucraniano anunció la destitución temporal del ministro de Justicia, German Galushchenko, tras ser vinculado a una investigación por fraude en la empresa estatal Energoatom, acusado de favorecer una red que desviaba contratos a cambio de comisiones de entre el 10% y el 15%. Según la Fiscalía Anticorrupción, el desfalco superaría los 86 millones de euros.

Galushchenko, quien hasta julio ocupaba la cartera de Energía, fue apartado del cargo luego de que la oficina anticorrupción registrara su vivienda y las de otros altos funcionarios. Al menos cinco personas han sido detenidas y dos más (entre ellas, figuras cercanas al presidente Volodímir Zelenski) se encuentran prófugas.

La medida se produce en un contexto de fuertes apagones en varias regiones del país, provocados por ataques rusos contra la infraestructura eléctrica, lo que ha intensificado el descontento social y motivado a la oposición a presentar una moción de censura contra el Ejecutivo.

El caso adquiere especial relevancia política, ya que estalla mientras Zelenski impulsa una polémica reforma que reduce la autonomía de los organismos anticorrupción NABU y SAPO, generando críticas que advierten sobre un debilitamiento institucional y una creciente erosión en la confianza hacia su gobierno.