El Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que por primera vez garantiza el derecho de las víctimas a mantener en reserva su nombre y datos personales al presentar una denuncia. El objetivo, evitar represalias y reducir el temor a señalar a quienes ejercen presiones o amenazas para obtener dinero.

La legislación, avalada con 110 votos y enviada nuevamente a la Cámara de Diputados tras diversas modificaciones, establece mecanismos de protección que incluyen el resguardo de identidad, el uso de métodos que impidan la identificación visual o auditiva durante diligencias y la participación remota de víctimas y testigos. También ordena que, cuando una extorsión provenga de llamadas realizadas desde un penal, se bloquee el IMEI del equipo utilizado, previa autorización judicial.

La ley endurece las sanciones contra este delito: prevé penas de 15 a 25 años de prisión; con agravantes que pueden alcanzar hasta 42 años para extorsionadores, incluidas modalidades como el cobro de piso, montachoques y llamadas desde centros penitenciarios. Además, policías, custodios, jueces y funcionarios que no denuncien actos de extorsión podrán recibir entre 10 y 20 años de cárcel, mientras que introducir celulares u otros dispositivos a un penal se castigará con hasta 12 años.

Asimismo, establece 30 años de prisión para autoridades que permitan extorsiones desde el interior de centros de reclusión y fija un plazo de 180 días para retirar y deshabilitar equipos de comunicación en poder de reos.

Entre las reservas aprobadas destacan la obligación de juzgar estos delitos con perspectiva de género y la ampliación de los sistemas electrónicos considerados como herramientas para extorsionar