Un tribunal peruano condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años y 11 meses de prisión por el delito de rebelión, debido al intento de autogolpe ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La misma pena fue impuesta a su entonces primera ministra, Betssy Chávez, mientras que los exministros Willy Huerta y Aníbal Torres recibieron sanciones diferenciadas.

El fallo incluye además dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles. Según la Sala, Castillo y sus exfuncionarios acordaron “atentar contra el orden constitucional” y se coordinaron para ejecutar el mensaje televisado en el que se anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de emergencia”.

El tribunal determinó que Chávez ordenó utilizar un vehículo oficial hacia la Embajada de México pese a haber renunciado, y que gestionó el ingreso irregular de periodistas de TV Perú para asegurar la transmisión del anuncio. También concluyó que Huerta facilitó su teléfono para que Castillo ordenara al entonces jefe policial cerrar el Congreso.

Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de cárcel, mientras que en el caso de Huerta la ejecución de la pena quedó suspendida. Castillo, quien llegó a la presidencia en 2021 sin vínculos con las élites políticas, escuchó la sentencia con calma acompañado de su abogado.