La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Ley Minera que establece que el litio es patrimonio de la nación y que su explotación queda exclusivamente en manos del Estado.

Por unanimidad, el pleno determinó que la impugnación presentada por senadores de oposición no tiene fundamento, al considerar que la medida es constitucional.

El tribunal señaló que, tras la reforma constitucional de 2024, el litio quedó definido como un recurso estratégico, lo que respalda que el Estado tenga control total sobre su aprovechamiento.

Además, la Corte concluyó que no era necesario realizar una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, al considerar que la ley no impacta directamente a comunidades, sino que establece reglas generales.

La decisión confirma la política del gobierno federal de mantener el control del litio como un recurso clave para el desarrollo energético del país.