El Gobierno de México señaló que los prófugos de la justicia no pueden ser candidatos a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución.

El posicionamiento fue expuesto ante las intenciones electorales del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es requerido por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que el Gobierno de México ha solicitado su extradición a Estados Unidos.

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que una orden de aprehensión por sí sola no suspende los derechos político-electorales. Sin embargo, precisó que, si una persona cuenta con una orden judicial y se sustrae de la acción de la justicia, puede ubicarse en el supuesto constitucional de prófugo y quedar impedida para ser candidata.

También señaló que cada caso debe analizarse de manera particular. Una persona denunciada, investigada o imputada puede contender por un cargo, en respeto al principio de presunción de inocencia.

En caso de vinculación a proceso, los derechos político-electorales pueden suspenderse si se impone prisión preventiva; si el proceso se lleva en libertad, la persona puede mantener su posibilidad de ser candidata.

Zaldívar añadió que, para competir por la Presidencia, también deben cumplirse los requisitos constitucionales relacionados con la residencia previa en el país.