La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes su primer año con su nueva integración, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, periodo en el que ha resuelto más de 2 mil 600 asuntos y celebrado 163 sesiones públicas.

La nueva Corte recibió más de mil 400 expedientes pendientes. De acuerdo con Aguilar Ortiz, a principios de septiembre quedaban únicamente 56 asuntos por resolver.

Durante este primer año, el máximo tribunal emitió resoluciones de impacto político, económico y social en temas fiscales, derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente, salud y acceso a la justicia.

Uno de los casos de mayor relevancia fue el relacionado con empresas de Grupo Salinas, entre ellas Elektra y TV Azteca. La Corte confirmó diversos adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 48 mil 326 millones de pesos, al desechar los últimos recursos promovidos por las compañías. Con estas resoluciones concluyeron litigios fiscales que se habían prolongado durante años.

En materia financiera, los ministros avalaron criterios que permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas cuando existan indicios suficientes de operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. También revisaron asuntos relacionados con el aseguramiento de cuentas y activos vinculados con investigaciones de corrupción y delincuencia financiera.

La Corte también resolvió un asunto relacionado con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niñas y niños. El máximo tribunal determinó que los delitos relacionados con el caso no prescriben, al considerar la gravedad de las violaciones a derechos humanos y el interés superior de la niñez.

También amplió la protección jurídica para pueblos indígenas y afromexicanos, al reconocerlos como terceros interesados en controversias constitucionales cuando las decisiones puedan afectar directamente sus derechos.

Entre otros temas, la Corte adoptó medidas para evitar la revictimización de menores víctimas de abuso sexual y resolvió asuntos relacionados con pensiones compensatorias, fideicomisos federales e intereses derivados de créditos fiscales.