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El Gobierno federal anunció una reestructuración de Talleres Gráficos de México para convertirlo en el principal productor de documentación y materiales electorales del país, fortalecer la transparencia en sus contrataciones y modernizar su infraestructura.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el nuevo decreto se publicará este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sustituirá al vigente desde 1999.
Como parte de los cambios, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas asumirá la Dirección General del organismo a partir de este 18 de noviembre. La funcionaria cuenta con estudios en Sociología, Gobierno y Asuntos Públicos, así como un doctorado en Políticas Públicas. Ingresó a Talleres Gráficos en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.
La reforma también ampliará de cuatro a siete integrantes la Junta de Gobierno. Se incorporarán tres representantes de instituciones académicas: Raúl Juan Contreras Bustamante, por la UNAM; Ángel Eustorgio Rivera González, por el IPN, y Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey.
El órgano estará integrado también por representantes de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Entre las nuevas medidas se contempla crear un padrón público de contratistas y proveedores, quienes deberán acreditar su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera.
Además, se publicarán en datos abiertos los contratos, convenios y órdenes de producción, así como los avances de su ejecución. También quedará prohibido contratar a empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
La secretaria de Gobernación señaló que las tarifas deberán contar con autorización de la Junta de Gobierno y se buscará homologar los precios para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE).
El fortalecimiento de Talleres Gráficos se desarrollará en dos fases. La primera abarcará de noviembre de 2026 a junio de 2027 y estará enfocada en mejorar la vigilancia y transparencia.
La segunda etapa, de julio de 2027 a 2030, contempla convertir al organismo en una empresa pública con mayor capacidad de producción, modernizar sus instalaciones y equipamiento, y formular una Ley de la Imprenta Nacional de México.
También se impulsará una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo especificaciones y controles de calidad del INE.
El proyecto incluye compras consolidadas entre el INE y los OPLE mediante un catálogo único de productos y precios, así como la creación de un almacén nacional para reutilizar y rehabilitar materiales electorales.
Rodríguez sostuvo que la reorganización busca fortalecer la capacidad del Estado para producir documentación electoral y documentos de seguridad, sin vulnerar la autonomía del INE.

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