El Gobierno de Rodrigo Paz confirmó que en los próximos días anunciará oficialmente el regreso de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia, casi dos décadas después de su expulsión en 2008. La decisión marca un giro en la estrategia nacional contra el narcotráfico y en la política exterior boliviana, orientada ahora a recomponer vínculos con Washington.

Aunque aún no se han divulgado los términos del acuerdo, ni La Paz ni Estados Unidos han detallado un marco jurídico o diplomático que sustente el retorno; el anuncio coincide con el inicio de la administración de Paz, que ha colocado la reconstrucción de alianzas internacionales como eje central de su mandato.

El acercamiento bilateral se ha evidenciado en gestos recientes, como la participación del subsecretario de Estado Christopher Landau en la investidura presidencial y la hoja de ruta para restablecer relaciones a nivel de embajadores.
El regreso de la DEA, sin embargo, revive un debate histórico en Bolivia. Sectores vinculados al ex presidente Evo Morales han cuestionado la medida, recordando que la Constitución prohíbe el despliegue de fuerzas extranjeras y señalando posibles tensiones con regiones como el Trópico de Cochabamba, donde el cultivo de coca es parte de la tradición andina y un bastión político del movimiento cocalero.