El presidente Nayib Bukele anunció un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que impondría un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales (ONGs) en el país. El anuncio fue realizado a través de su red social X, sin brindar mayores detalles sobre su implementación.

La medida llega en un momento de alta tensión entre el gobierno y colectivos sociales, luego de la reciente detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, acusado de desórdenes públicos tras participar en una protesta en las afueras de San Salvador. Henríquez es miembro del Foro del Agua, una agrupación que lucha por el acceso justo al agua potable.

Durante la manifestación, que buscaba frenar el desalojo de unas 300 familias campesinas en Santa Tecla, también fue detenido el pastor evangélico José Pérez, quien lidera la cooperativa afectada.

Amnistía Internacional denunció las detenciones como arbitrarias y exigió la liberación inmediata de ambos, argumentando que solo ejercían su derecho a la protesta pacífica.

En su mensaje, Bukele justificó el nuevo proyecto de ley señalando que “grupos de izquierda y ONG globalistas” estarían manipulando a personas humildes con intereses políticos. Según el mandatario, el impuesto permitiría dar “una solución real” a los problemas que enfrentan las comunidades en disputa de tierras.

Este no es el primer intento del presidente salvadoreño por imponer controles a las ONGs. En 2021 presentó una propuesta similar que no llegó a votarse. Sin embargo, la correlación de fuerzas ha cambiado, y ahora el Congreso está completamente bajo el control del partido oficialista, lo que anticipa una aprobación casi segura.

La situación ha despertado comparaciones con Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado más de 5 mil 600 ONGs desde 2018, en medio de una fuerte represión contra organizaciones críticas.