La Cámara de Diputados declaró constitucional la Reforma en materia de Extorsión, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general para combatir este delito en todo el país.

La modificación recibió el voto favorable de 25 congresos locales, cumpliendo con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tras su aprobación, la reforma fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor.

Los congresos estatales que avalaron la modificación fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 casos de extorsión, lo que representa un incremento del 57% en seis años. Con la reforma, se busca unificar criterios y fortalecer el marco legal para prevenir, sancionar y erradicar la extorsión, considerado uno de los delitos de mayor crecimiento en México.