La Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, una nueva legislación que busca centralizar y fortalecer el intercambio de información entre autoridades para combatir delitos de alto impacto.

Con 368 votos a favor, 101 en contra y cero abstenciones en lo general, y 324 votos a favor y 117 en contra en lo particular, el dictamen fue enviado al Senado para su análisis y posible aprobación antes del 2 de julio, cuando concluye el periodo extraordinario.

La discusión en San Lázaro se extendió por más de 17 horas. La ley establece que todas las instituciones de seguridad pública, federales, estatales y municipales, deberán proporcionar información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la elaboración de productos de inteligencia.

También permite que, en casos justificados, la SSPC pueda solicitar información a particulares bajo ciertos mecanismos legales. Entre los datos que podrá requerir la dependencia están registros vehiculares, biométricos, telefónicos, de propiedad, fiscales, financieros, armamento y antecedentes penales, entre otros.

La oposición, encabezada por el PAN y Movimiento Ciudadano, alertó sobre riesgos de abuso y posibles violaciones a los derechos a la privacidad.

En contraste, Morena defendió que se trata de una herramienta legal para mejorar la coordinación entre autoridades en la lucha contra el crimen organizado, dentro del marco constitucional y con controles institucionales.