El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá un nuevo proyecto que podría cambiar la forma en que se valida la participación de quienes aspiran a cargos públicos. El plan es claro: revisar a fondo a los 3 mil 414 candidatos de la elección judicial para verificar que ninguno haya cometido actos de violencia que los inhabiliten.

La propuesta incluye checar si los aspirantes tienen sentencias firmes por delitos graves como violencia familiar, delitos sexuales, o violencia política. También busca descartar a quienes sean deudores alimentarios.

El proyecto ha generado opiniones divididas dentro del Consejo General del INE. Mientras algunos consejeros apoyan que esta revisión sea parte del proceso electoral, otros, como la presidenta Guadalupe Taddei, insisten en que esta tarea le corresponde al Tribunal Electoral una vez contados los votos.

Si se aprueba, el INE recibiría denuncias hasta el 12 de mayo y los candidatos tendrían que firmar una declaración de buena fe asegurando que cumplen con los requisitos. La revisión terminaría tres días antes de la jornada electoral.

Este paso busca reforzar la transparencia y garantizar que las personas que aspiran a representar al país no tengan antecedentes de violencia.