El Gobierno federal defendió este jueves la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en vísperas de su votación en lo particular en la Cámara de Diputados, luego de que el dictamen fuera aprobado en lo general entre protestas de agricultores.

Durante la conferencia matutina, el director de la Conagua, Efraín Morales López, aseguró que la iniciativa busca poner fin a la mercantilización del agua y enfrentar abusos históricos en su explotación.

Morales calificó como una “campaña de mentiras” la ola de desinformación que circula en redes sociales y en el debate legislativo, por parte de la oposición.
Aclaró que sí se podrán heredar terrenos con título de concesión, que no está prohibida la captación de agua de lluvia, y que no se sancionará a quienes usen bordos, pipas o realicen prácticas básicas para sus actividades agropecuarias. “El agua debe dejar de verse como mercancía; unos cuantos se han enriquecido mientras pequeñas comunidades carecen del recurso”, dijo.

El funcionario subrayó que la reforma distingue entre actividades familiares, que quedan prácticamente sin sanciones, y prácticas de extracción ilegal o acaparamiento con fines de lucro. Mencionó ejemplos como la presa privada construida por el exgobernador César Duarte, señalada por retener 700 mil metros cúbicos de agua en perjuicio de comunidades aguas abajo.

El Gobierno llamó a productores y campesinos a no caer en la desinformación, y reiteró que todos los títulos de concesión y pozos domésticos están garantizados.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, mientras caravanas de agricultores se movilizan hacia la Ciudad de México en rechazo a los cambios. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que el Estado sea el único responsable de administrar el recurso, sustituyendo el marco vigente desde 1992 y reconociendo el acceso al agua como derecho humano, conforme al artículo 4 constitucional.