El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso una reforma electoral que otorgue incentivos fiscales a los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla, con el objetivo de facilitar la organización de los comicios y reducir la resistencia a integrar las mesas directivas.

A diferencia de una propuesta previa que planteaba hacer obligatoria la participación y sancionar a quienes se negaran, el nuevo planteamiento apuesta por estímulos, como la reducción de impuestos y, en el caso de estudiantes, el reconocimiento de esta labor como servicio social o prácticas profesionales. También se plantea permitir que estos ciudadanos voten de manera anticipada.

El INE sugirió modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que escuelas de nivel medio superior y superior se corresponsabilicen con un porcentaje de participación estudiantil bajo este esquema. Además, se propone reforzar las campañas de convencimiento casa por casa para sumar voluntarios como capacitadores y supervisores electorales.

El organismo también pidió blindar el proceso para evitar la participación de operadores de programas sociales y personas con vínculos partidistas. Tan solo en las elecciones federales de 2024, el INE dio de baja a más de 16 mil personas por militancia política.

En otro punto, los consejeros avalaron que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) asuma la extinción de partidos políticos, incluida la administración y destino de sus bienes, una tarea que hoy recae en interventores independientes.

No obstante, el documento entregado a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral presentó errores e inconsistencias, lo que generó críticas internas y llevó a que al menos una consejera no firmara el proyecto final.