Este viernes, un juez en Tarija, Bolivia, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, tras su segunda inasistencia a una audiencia en la que se resolvería un pedido de prisión preventiva por un caso de trata de menores durante su mandato (2006-2019).

Nelson Rocabado, juez a cargo del caso, declaró a Morales como “rebelde”, suspendiendo el juicio hasta que el exmandatario comparezca. Además, se dictó el congelamiento de sus bienes y se le prohibió salir del país.

La fiscal Sandra Gutiérrez, a cargo del caso, señaló que los certificados médicos presentados por la defensa, que argumentaban problemas de salud como bronconeumonía y bradicardia, fueron rechazados al considerarse “no válidos” para justificar su ausencia.

La fiscalía acusa a Morales de haber iniciado una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente, con el consentimiento de los padres de la menor a cambio de favores políticos. Según el expediente, fruto de la relación nació una hija al año siguiente.

La fiscalía busca procesar al líder cocalero por el delito de trata de personas, con una posible condena de 10 a 15 años de prisión. Una investigación previa por los mismos hechos fue desestimada en 2020, cuando se le investigó por estupro.