El Gobierno de México decidió poner en pausa, de manera estratégica, el juicio civil contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Miami, Florida, el motivo: abrir la puerta a un posible acuerdo que permita recuperar bienes presuntamente adquiridos con dinero de origen ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lidera esta acción legal, que se enfoca en desmantelar la red de corrupción que habría operado durante el sexenio de Felipe Calderón. Aunque el periodo obligatorio de mediación terminó el 23 de mayo, las partes acordaron seguir conversando, con el aval de la jueza Lisa Walsh.

Gracias a una figura legal conocida como “retiro voluntario sin perjuicio”, el juicio queda pausado por 30 días. Si no se llega a un acuerdo en ese tiempo, México puede reactivar la demanda sin perder el terreno legal avanzado.

Esta pausa no frena el proceso penal que enfrenta García Luna en EEUU; ni impide que México actúe para recuperar los activos si hay una condena. Más allá de lo legal, la intención también es conocer mejor cómo operó la red financiera detrás del exfuncionario.

En pocas palabras, el gobierno mexicano está apostando por una pausa inteligente que podría traducirse en justicia y recuperación de recursos para el país.