La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal de oro en la cuenca del río Atrato ha generado una grave crisis de derechos humanos, afectando directamente a comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen del afluente para su alimentación, agua y cultura.

En una carta enviada al gobierno colombiano, tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos señalaron el incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional de 2016 que reconoció al Atrato como sujeto de derechos y ordenó su protección y restauración.

“Han pasado diez años y la implementación ha sido insuficiente”, dijo Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, quien atribuyó parte del problema a la presencia del crimen organizado, el contrabando de mercurio y oro, y la corrupción en fuerzas de seguridad.

El río Atrato, uno de los más importantes del país, lo que representa un riesgo sanitario y ambiental de gran escala.