En una de sus decisiones más contundentes desde que asumió la presidencia, Daniel Noboa anunció la eliminación de 37 entidades estatales y el despido de más de 5 mil funcionarios públicos, como parte de su plan de austeridad para reducir el tamaño del Estado y sanear las finanzas públicas.
La medida, presentada como una estrategia de eficiencia administrativa, ha generado reacciones encontradas.
Mientras el Ejecutivo defiende la reestructuración como necesaria ante la compleja situación fiscal del país, sindicatos y organizaciones sociales acusan al gobierno de actuar sin diálogo y de mostrar insensibilidad ante el impacto social de los despidos. En medio de un clima tenso, marcado también por la creciente inseguridad,
De acuerdo a especialistas, el costo político de sus decisiones comienza a crecer.
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