Renuncia de jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona

27 mayo, 2025
Renuncia de jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona

La jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó su renuncia al caso tras ser cuestionada por su participación en un documental no autorizado sobre el proceso judicial.

Makintach, quien había rechazado inicialmente los pedidos de recusación en su contra, quedó en el centro de la polémica cuando el fiscal Patricio Ferrari presentó imágenes de un documental titulado tentativamente “Justicia Divina”, donde se la ve en reiteradas ocasiones dentro del tribunal y en su despacho, incluso acompañada por una amiga.

Durante la audiencia, Ferrari acusó a la jueza de protagonizar “un reality” y afirmó que su comportamiento fue una “sobreactuación permanente”, señalando que Makintach actuó “más como actriz que como jueza”. La magistrada, por su parte, negó los hechos y denunció ser víctima de una operación mediática, asegurando que no incurrió en ninguna conducta delictiva.

El tribunal, conformado por tres jueces, entró en receso tras la renuncia de Makintach. Los otros dos magistrados, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, respaldaron su decisión de apartarse. Ahora deberán definir cómo continuará el proceso.

La controversia podría tener consecuencias significativas. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, hijas del ídolo fallecido, afirmó que el juicio debería comenzar de nuevo y que el reemplazo de la jueza debe determinarse por sorteo. En la misma línea se pronunció la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado en la causa: “No hay manera de remontar esto, hay que hacer un nuevo juicio”, sostuvo su abogada, Mara Digiuni.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, mientras se recuperaba en una internación domiciliaria tras una cirugía cerebral. Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla hasta 25 años de prisión.

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