La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la nueva Comisión de Telecomunicaciones implementará medidas más estrictas en la venta de chips para teléfonos móviles, con el objetivo de reducir delitos, especialmente extorsiones desde las cárceles, que han aumentado en años recientes.

Actualmente, es posible adquirir múltiples chips sin presentar identificación, lo que permite que grupos delictivos realicen llamadas ilícitas desde centros penitenciarios. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 30% de los casos de extorsión telefónica en el país involucran dispositivos adquiridos sin registro.

Para corregir esta situación, la administración federal plantea dos acciones principales: Bloqueo controlado de señal celular en ciertos centros de detención, coordinado con las compañías telefónicas. Esta medida busca impedir que los reclusos operen redes de extorsión sin afectar las comunicaciones legales dentro de los penales. Y el registro obligatorio de identificación al comprar chips, similar a los requisitos de contratación de planes de telefonía. Se prevé que esta medida limite la circulación anónima de chips y permita a las autoridades rastrear su uso en caso de delitos.

La presidenta destacó que las empresas de telefonía serán responsables de resguardar los datos personales y que la información solo podrá ser solicitada mediante orden judicial, garantizando la protección de la privacidad de los usuarios legales.

El gobierno federal subraya que estas acciones forman parte de una estrategia nacional contra la extorsión, que incluye coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales.