El Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Aguas con 82 votos a favor y 34 en contra, luego de incorporar 68 modificaciones negociadas con el sector campesino. La legislación, que busca garantizar el acceso al agua como derecho humano y evitar su mercantilización, fue turnada al Ejecutivo para su publicación.

La discusión avanzó entre protestas de la oposición, que desplegó mantas y carteles acusando al oficialismo de afectar al campo. Morena defendió que la reforma mantiene el derecho de campesinos a vender o heredar tierras con concesiones, desmintiendo acusaciones de expropiación.

La ley establece nuevos criterios para la transmisibilidad de concesiones, que solo podrán reasignarse en casos de compraventa, herencia o fusiones, con respuesta obligatoria de la autoridad en un plazo máximo de 20 días hábiles.

También fija penas de hasta 14 años de prisión por traslado ilegal de agua e instruye a Conagua a implementar un programa para evitar acaparamiento del recurso.

La Cámara de Diputados aprobó la minuta horas antes con los mismos 68 ajustes. Tras negociaciones, productores rurales retiraron los bloqueos en la capital y permitieron el avance del proceso legislativo.