“Hay justicia”, así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, la reciente sentencia emitida por una corte de Florida contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

El fallo, celebrado por el Gobierno mexicano, marca un precedente importante: ambos deberán pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano, tras ser encontrados responsables de formar parte de una red de corrupción y desvío de recursos públicos incluso después de dejar el cargo.

“Este personaje no sólo estuvo vinculado con el crimen organizado, sino que continuó lucrando con recursos públicos fuera del Gobierno”, expresó la mandataria, subrayando que se trata de un logro en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en Miami, en respuesta a una demanda civil interpuesta por el Gobierno de México. García Luna, quien ya había sido condenado por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero, deberá pagar más de 748 millones de dólares; su esposa, más de mil 740 millones de dólares.

Explicó que este fraude forma parte de una herencia del viejo sistema político mexicano, mismo que operó impunemente hasta 2018, cuando se abrió la puerta a nuevas investigaciones. Afirmó que los contratos fraudulentos otorgados entre 2009 y 2018 sumaron más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos, desviados a empresas vinculadas con el Grupo Weinberg, relacionado con García Luna.

Además, la jueza ordenó entregar al Gobierno de México bienes por más de 12 millones de dólares, propiedad del matrimonio, quienes se negaron a presentarse ante el tribunal.

Destacó también que mientras en EEUU se les halló culpables, en México un tribunal amparó a Cristina Pereyra para seguir usando el sistema financiero sin restricciones, lo que evidencia un contraste preocupante en la justicia entre ambos países.

Adelantó que se esperan nuevas sentencias en EEUU contra ambos implicados y empresas fachadas, aunque aún no se revelaron fechas. Gómez dejó claro que el proceso judicial es completamente independiente del Gobierno estadounidense.