El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador, apoyándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma poco utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. La decisión surge tras la negativa de un tribunal federal de apelaciones en Washington para la aplicación de esta medida.

Por una votación de 2 a 1, un panel de jueces decidió mantener vigente una orden que bloquea temporalmente las deportaciones. La administración republicana argumenta que los tribunales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas y que los migrantes deben presentar sus casos en un tribunal federal en Texas, donde están detenidos.

Trump justificó la invocación de esta ley afirmando que la pandilla Tren de Aragua representa una “fuerza invasora” para Estados Unidos.

Este caso ha generado un fuerte debate entre la Casa Blanca y el poder judicial. El juez James E. Boasberg ordenó la suspensión de las deportaciones y el regreso de migrantes ya expulsados, aunque el gobierno se ha negado a proporcionar información sobre estas deportaciones.