La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatió la posibilidad de reabrir juicios concluidos cuando existan indicios de fraude procesal, una discusión que mostró una mayoría de ministros inclinada a flexibilizar el principio de cosa juzgada.

El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz, planteaba inicialmente que anular un juicio firme debía considerarse improcedente, aun en casos de presunto fraude. Sin embargo, la propia Ortiz votó en contra de su propuesta, al señalar que ya existen mecanismos para impugnar resoluciones obtenidas mediante actos ilícitos.

Durante el debate, las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz, así como los ministros Hugo Aguilar, Irving Espinosa y Giovanni Azael Figueroa, coincidieron en que no puede privilegiarse una interpretación rígida de la cosa juzgada cuando ello implicaría confirmar decisiones derivadas de irregularidades o acuerdos indebidos. Plantearon la necesidad de contar con una vía que permita revisar casos excepcionales para corregir posibles injusticias.

En contraste, la ministra María Estela Ríos argumentó que la certeza jurídica debe prevalecer, pues ya existen recursos para atender juicios fraudulentos y una apertura indiscriminada podría volver interminables los procesos.

La única postura totalmente en contra de reabrir juicios concluidos fue la de la ministra Yasmín Esquivel, quien sostuvo que la cosa juzgada es fundamental para garantizar estabilidad y confianza en el sistema judicial. El debate continuará en próximas sesiones, donde el pleno deberá definir si avala o no la creación de un mecanismo extraordinario para revisar sentencias firmes.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su abierta inconformidad con la pretensión y añadió que la Corte tiene muchísimos temas pendientes a los que se debería abocar. Sin embargo, insistió, ellos son autónomos y decidirán en consecuencia. Destacó que la Corte debe enfocarse en resolver asuntos constitucionales, amparos, en donde decide si es procedente o no, pero, enfatizó, no tiene facultades para legislar.