Una decisión judicial en Texas ha revocado una ley que por más de dos décadas permitió a estudiantes indocumentados pagar matrícula universitaria como si fueran residentes del estado. La medida impacta directamente a más de 73 mil jóvenes que cursan estudios superiores en Texas, muchos de ellos conocidos como “Dreamers”.

El fallo, emitido por un juez federal del Distrito Norte de Texas, declaró inconstitucional la ley estatal aprobada en 2001 conocida como “Texas Dream Act”, tras una demanda presentada por el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump.

Esta ley permitía que jóvenes sin estatus migratorio, que crecieron y se graduaron de escuelas en Texas, pagaran colegiaturas reducidas (‘in-state tuition’), en lugar de las tarifas más altas que se cobran a estudiantes de otros estados o países (‘out-of-state tuition’).

Desde la política, las reacciones no se hicieron esperar. El congresista demócrata Joaquín Castro criticó la medida, recordando que fue un gobernador republicano, Rick Perry, quien impulsó esta ley hace más de 20 años. “Esta decisión lastimará a miles de jóvenes texanos que solo buscan un futuro mejor”, dijo.

En contraste, el senador estatal republicano Brandon Creighton celebró la decisión judicial: “La colegiatura estatal para migrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”, publicó en redes sociales.

El gobernador Greg Abbott confirmó que el fallo tiene carácter permanente. Esto coloca a Texas, uno de los estados con mayor población estudiantil indocumentada, fuera del grupo de entidades que brindan este tipo de apoyo educativo.