Un tribunal colegiado de la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) la expedición del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT), en cumplimiento con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT).

La resolución fue promovida por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Documenta, que impulsaron el litigio tras casi tres años de inacción por parte de la FGR.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión judicial y reafirmó su compromiso de brindar acompañamiento técnico para la adopción del PNT. A través de redes sociales, la ONU-DH destacó que la tortura sigue siendo un delito persistente en el país y reconoció el esfuerzo de las organizaciones civiles en el litigio.

El PNT es una herramienta clave dentro de la legislación para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de la tortura. Asimismo, establece estrategias para la protección y reparación integral de las víctimas.

De acuerdo con un comunicado emitido por Centro Prodh, Documenta, Fundar y CEPAD, la decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa deriva del juicio de amparo indirecto donde las organizaciones denunciaron la omisión de la FGR en cumplir con el plazo de 180 días para la emisión del PNT, establecido en el artículo quinto transitorio de la LGT, vigente desde junio de 2017.

En cumplimiento de la sentencia, el juzgado ordenó a la FGR la publicación del PNT en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Las organizaciones recordaron que desde 2019 han impulsado mesas de trabajo con diversas autoridades, incluyendo la FGR, la Secretaría de Gobernación (SG) y organismos públicos de derechos humanos, para la construcción del PNT. Dichos esfuerzos incluyeron un diagnóstico que reconoce la persistencia de la tortura en el país y la formulación de objetivos, estrategias y mecanismos de seguimiento definidos en un Comité Directivo.