El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar la Ley de Insurrección para contener las protestas en ciudades como Portland, Oregon, una medida que permitiría desplegar tropas federales para apoyar a las autoridades civiles en episodios de desorden.

Conocida popularmente como Ley de Insurrección de 1807, se trata en realidad de un conjunto de estatutos aprobados entre 1792 y 1871, y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes del Ejecutivo. Su aplicación suspende temporalmente la Ley Posse Comitatus, que normalmente prohíbe al Ejército actuar en funciones de policía civil.

La ley permite movilizar tropas con o sin consentimiento de los estados afectados, aunque no confiere poderes de ley marcial, que implicarían que el Ejército asumiera el control del gobierno civil. Su última invocación fue en 1992, cuando George H.W. Bush envió fuerzas federales a Los Ángeles tras los disturbios derivados de la absolución de policías involucrados en el caso Rodney King.

Históricamente, también se utilizó bajo Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para facilitar la integración escolar tras el fallo Brown vs. Board of Education. Sin embargo, la falta de límites claros ha generado críticas sobre la discreción casi ilimitada que otorga al presidente para desplegar fuerzas militares en el país.