La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la suspensión de fondos del Departamento de Justicia a las ciudades santuario, aquellas jurisdicciones que rechazan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Esta medida afectará a ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, D.C., así como a California y Connecticut, que han adoptado políticas de protección a inmigrantes indocumentados.

Los fondos permanecerán congelados hasta que se complete una revisión de cada jurisdicción para determinar su cumplimiento con las normativas federales. Además, se revocarán acuerdos que se consideren fraudulentos o que infrinjan la ley, en un esfuerzo por reforzar el control sobre la aplicación de las políticas migratorias.

Como parte de las primeras medidas, ordenó a los fiscales buscar la pena de muerte en casos que lo ameriten y fortalecer estrategias contra el crimen organizado.

La decisión de Bondi podría derivar en nuevos conflictos legales, similares a los ocurridos durante el primer mandato de Trump, cuando intentó recortar fondos federales a estas jurisdicciones sin éxito en los tribunales.