El presidente argentino Javier Milei firmó el Decreto 340/2025, una normativa que restringe el derecho a huelga y que ya genera fuerte rechazo social y sindical.

El decreto amplía las actividades consideradas “esenciales” y crea una nueva categoría: las de “importancia trascendental”. En ambos casos, se exige que, aun en huelga, se garantice entre el 50% y el 75% del servicio.

Esto afecta a sectores como salud, educación, transporte, telecomunicaciones, medios, bancos, logística y alimentación. El gobierno defiende la medida como necesaria para “garantizar servicios vitales”, pero sindicatos y organizaciones sociales la ven como un golpe directo a los derechos laborales.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta agrupaciones de derechos humanos, las críticas no se hicieron esperar. Denuncian que el decreto vulnera la Constitución y reactiva elementos del polémico DNU 70/2023, que ya había sido rechazado por la justicia. La CGT anunció que irá a los tribunales para frenarlo.

El sindicalismo en Argentina tiene un peso histórico importante, siendo protagonista de luchas laborales desde el siglo XX y un pilar del peronismo. Por eso, cualquier intento de recortar sus derechos genera una fuerte reacción.

Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha enfrentado masivas protestas y dos huelgas generales.