El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en rueda de prensa confirmó que el 12 de agosto se concretó el traslado de 26 generadores de violencia a Estados Unidos, medida tomada por “interés nacional” y bajo “el más alto criterio de seguridad para México”.

Explicó que los reos, considerados de alto perfil, continuaban operando actividades ilícitas desde prisión, lo que representaba un riesgo inaceptable. Algunos contaban con amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y otros buscaban liberación anticipada, lo que, advirtió, “significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Detalló que en el operativo participaron 988 elementos y 90 vehículos, y que los internos fueron enviados a penales en Nueva York, California, Arizona y Virginia. Subrayó que las autoridades estadounidenses se comprometieron a no aplicar la pena de muerte a ninguno de los trasladados, al igual que ocurrió con los 29 criminales enviados en febrero pasado.

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló que la operación se realizó con base en la Ley de Seguridad Nacional y convenios internacionales, como la Convención de Palermo, y no bajo la ley de extradición. Afirmó que la acción busca proteger la soberanía de México y combatir a la delincuencia que opera en ambos países.