*Un proyecto propone declarar constitucionales las excepciones al régimen estatal de prestaciones para determinados empleados vinculados con recursos federales; la decisión final dependerá de la discusión y votación del Pleno.

El origen de los recursos con los que se pagan las plazas del servicio público podría determinar las condiciones de aguinaldo y jubilación de quienes ingresen a trabajar en determinadas áreas de la administración pública de Morelos. Este es el punto central de la controversia que llegará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un proyecto que propone validar las modificaciones a la Ley del Servicio Civil del estado.

El asunto está registrado como la Acción de Inconstitucionalidad 11/2026, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), que impugnó diversas disposiciones de la legislación laboral burocrática.

La propuesta plantea declarar infundada la acción y reconocer la validez de los cambios realizados a los artículos 2, 42, 57 Bis y 58 de la ley estatal. Sin embargo, el sentido del proyecto no representa todavía una decisión definitiva: las ministras y los ministros deberán analizar sus argumentos y votar para determinar el resultado del procedimiento constitucional.

*El aguinaldo, entre las prestaciones bajo revisión*

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el tratamiento del aguinaldo de 90 días previsto en el artículo 42 de la Ley del Servicio Civil de Morelos.

El Decreto 997, publicado el 22 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, estableció excepciones para determinados trabajadores cuyas percepciones están relacionadas con convenios de colaboración con la Federación y se sujetan a un régimen jurídico diferente al estatal.

En estos casos, las prestaciones pueden regirse por las disposiciones federales o por los instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, en lugar de aplicar automáticamente las condiciones establecidas para la burocracia estatal.

El alcance de esta disposición es uno de los puntos que deberá valorarse en el análisis constitucional. La excepción no implica que cualquier empleado pagado con recursos federales pierda necesariamente el derecho al aguinaldo, pues ello depende del supuesto legal en el que se encuentre y de las normas aplicables a su plaza.

*Cambios también en las reglas de jubilación*

La controversia abarca además las modificaciones a los artículos 57 Bis y 58, relacionados con la antigüedad laboral y el otorgamiento de pensiones.

Dentro del régimen estatal, la Ley del Servicio Civil contempla porcentajes de pensión que pueden alcanzar el 75 por ciento del salario con 25 años de servicio y llegar al 100 por ciento con 30 años, conforme a los requisitos legales correspondientes.

Las modificaciones establecen excepciones para los trabajadores comprendidos en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 2, quienes quedarían sujetos al régimen jurídico que corresponda a su relación laboral.

De esta manera, el debate no se limita a una prestación anual, sino que involucra las condiciones de retiro y seguridad social de determinados empleados públicos.

El punto que deberá resolver la Corte es si la diferencia entre ambos grupos de trabajadores tiene una justificación constitucional suficiente o si las disposiciones impugnadas vulneran principios como la igualdad y la no discriminación.

*La reforma y la protección de los trabajadores en activo*

La aprobación del Decreto 997 generó preocupación por sus posibles efectos sobre los derechos laborales de quienes ya trabajaban en las áreas comprendidas por la reforma.

Ante ello, se incorporó una modificación al régimen transitorio mediante el Decreto 1124, publicado el 2 de marzo de 2026, para precisar que las nuevas disposiciones serían aplicables al personal de nuevo ingreso.

El cambio buscó delimitar los efectos de la reforma y proteger las condiciones previamente reconocidas a los trabajadores que ya se encontraban en activo.

Este antecedente también forma parte del contexto jurídico del caso, pues uno de los aspectos que se deben examinar es si las nuevas reglas respetan el principio de irretroactividad y las situaciones jurídicas consolidadas.

*¿Por qué el proyecto considera constitucional la reforma?*

La propuesta de resolución sostiene que la diferencia de trato entre los trabajadores puede justificarse por factores objetivos, entre ellos la fuente de financiamiento de las plazas, la naturaleza del vínculo jurídico y la existencia de convenios de colaboración con la Federación.

Desde esa perspectiva, los empleados sujetos a un régimen federal no necesariamente deben recibir las mismas prestaciones previstas para quienes se rigen por la legislación burocrática estatal, siempre que sus derechos estén reconocidos y garantizados en el ordenamiento que les corresponda.

El proyecto también considera que las modificaciones buscan delimitar las responsabilidades financieras entre el Gobierno de Morelos y la Federación, además de contribuir a la sostenibilidad del sistema estatal de prestaciones y pensiones.

No obstante, estos razonamientos forman parte de la propuesta que será sometida a consideración del Pleno y no deben presentarse como criterios definitivos de la Suprema Corte hasta que exista una resolución aprobada.

*Una decisión pendiente con implicaciones laborales*

La Acción de Inconstitucionalidad 11/2026 coloca sobre la mesa una discusión que trasciende los artículos reformados: la posibilidad de que trabajadores que desempeñan funciones dentro del servicio público tengan condiciones distintas de aguinaldo, jubilación y seguridad social debido al régimen jurídico y financiero de sus plazas.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos cuestionó la constitucionalidad de las disposiciones, mientras que el proyecto propone desestimar sus argumentos y reconocer la validez de las normas impugnadas.

El Pleno deberá determinar si las razones planteadas justifican legalmente el trato diferenciado y si las modificaciones son compatibles con los derechos reconocidos por la Constitución.

Hasta que el proyecto sea discutido y votado, no puede afirmarse que la SCJN haya avalado la reforma. La resolución que finalmente adopte el máximo tribunal definirá el alcance constitucional de las disposiciones cuestionadas y sus implicaciones para los trabajadores comprendidos en ellas.