El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó un esquema en el que gestores y asesores financieros prestaban dinero a trabajadores para cubrir sus aportaciones a la Modalidad 40, pero exigían escrituras de propiedades como garantía, informó su director, Zoé Robledo.

Durante la conferencia presidencial, explicó que estos intermediarios ofrecían financiamiento para incrementar las pensiones, cuyos montos podían aumentar hasta mil por ciento, costos que, según señaló, terminaba absorbiendo el Estado mexicano.

También detectaron casos en los que los beneficiarios eran registrados en empresas fantasma para continuar cotizando y completar las semanas necesarias para acceder a esta modalidad.

Ante estas irregularidades, el Consejo Técnico del IMSS determinó limitar los alcances de la Modalidad 40 y someterla a una revisión durante seis meses para analizar posibles modificaciones.

Robledo señaló que el mecanismo se encontraba en el límite entre un beneficio para los trabajadores y un esquema de financiamiento cuyo costo terminaba trasladándose al Estado.