Un juez de control vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, en el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La decisión fue tomada tras una audiencia que se extendió por más de 15 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que, a juicio del juzgador, resultaron suficientes para presumir la probable responsabilidad del ex mandatario. La FGR sostiene que existen testimonios y elementos indiciarios que apuntan a que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencias, entre ellas grabaciones obtenidas de cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

La defensa del ex gobernador presentó 31 datos de prueba con la intención de desvirtuar la acusación —incluyendo testimonios y documentos que, según ella, prueban que Aguirre no recibió ni ordenó la destrucción del material—, pero el juez determinó que esas pruebas no fueron suficientes en esta etapa para desechar la hipótesis fiscal.

El juez concedió un plazo de 120 días para la investigación complementaria —durante el cual la FGR podrá incorporar nuevos elementos al expediente y la defensa reunir pruebas para el juicio— y ratificó la prisión preventiva oficiosa que mantiene a Aguirre Rivero internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. La defensa informó que buscará modificar la medida cautelar para que el proceso continúe en prisión domiciliaria.

La vinculación a proceso implica que el juez consideró que existen datos que configuran, a primera vista, un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de la participación del imputado; no equivale a una sentencia condenatoria. Seguiremos actualizando la nota conforme la FGR, la defensa o instancias judiciales emitan comunicados o acciones posteriores.