El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal que elevan las penas por el delito de despojo hasta 17 años de prisión y multas de hasta 250 mil pesos, con el objetivo de frenar el crecimiento de este ilícito que afecta especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Gutiérrez, modifica los artículos 308 y 308 Bis del código penal local y establece penas más severas para quienes participen en actos de despojo de viviendas, especialmente si las víctimas son adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, menores de edad o individuos con condiciones económicas o de salud precarias.

Además, se castigará con mayor rigor a funcionarios públicos y notarios que resulten involucrados o coludidos en estos delitos, quienes podrán ser procesados bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El legislador destacó que el caso de Carlota “N”, conocida mediáticamente como la “abuelita sicaria”, ocurrido en Chalco, sirvió como catalizador para revisar una legislación considerada obsoleta e ineficaz.

“Con estas penas, el Estado de México se coloca a la vanguardia en la protección del patrimonio familiar”, afirmó Gutiérrez.

La reforma busca garantizar justicia para las víctimas y prevenir abusos relacionados con el despojo de propiedades, un delito que ha aumentado significativamente en diversas regiones de la entidad.