El flagelo de la extorsión provocó severas afectaciones directas a la actividad económica y al sector transportista en el municipio de Cuautla, obligando a diversos establecimientos comerciales a recortar sus horarios de operación y exponiendo a los operadores del transporte público a presiones financieras por parte de grupos delictivos, reveló José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario federal de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario federal explicó que, durante las indagatorias de inteligencia, se detectaron casos críticos al interior de la Central de Abasto, donde tras la clausura de locales comerciales se exigían presuntamente sumas de hasta 200 mil pesos para retirar los sellos de suspensión y permitir la reapertura de los negocios. Asimismo, en el sector transportista se documentaron situaciones en las que rutas completas llegaron a recibir exigencias de cobro de piso por parte de hasta tres grupos delictivos de manera simultánea. Ante este panorama, las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen vigentes trabajos de inteligencia operativa y labores de investigación ministerial con el objetivo de identificar, desarticular y llevar ante la justicia a las estructuras criminales responsables de estos delitos.