La Unión Europea avanzó en la implementación de su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) con nuevas disposiciones de transparencia orientadas a que los usuarios reconozcan material real de aquel generado o manipulado artificialmente. Las empresas desarrolladoras tienen la obligación de notificar cuando una persona interactúe directamente con sistemas como chatbots y asistentes virtuales.
La normativa exige mecanismos de identificación en imágenes, audios, videos y deepfakes, además de contemplar restricciones y avisos en contenidos de texto informativos sobre asuntos de interés general. El marco legal incluye sanciones económicas severas, con multas millonarias o porcentajes de la facturación global ante incumplimientos, mientras su aplicación continúa de forma gradual hacia sistemas de alto riesgo.
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